CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN
CIVIL
FERNANDO GIRALDO
GUTIÉRREZ
Magistrado
Ponente
SC8410-2014
Radicación n°
05001-31-03-001-2005-00304-01
(Aprobada en sesión de doce de mayo
de dos mil catorce)
Bogotá D.C., primero (1°) de julio de dos
mil catorce (2014)
Decide la Corte el recurso de casación
interpuesto por los demandantes, frente a la sentencia de 3 de febrero de 2012,
proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Medellín, dentro del proceso ordinario de Ligia de Jesús Mesa Madrigal,
Silvia Elena, Diana Ligia, Mónica Cecilia y Carlos Mario Hoyos Mesa contra
Comercializadora Movifoto Ltda.
- EL
LITIGIO
- Los accionantes
pidieron declarar que la comunidad conformada por ellos adquirió, por
prescripción extraordinaria de dominio, un predio rural en el municipio de
Girardota, del cual figura como propietaria inscrita la
sociedad.
- Relataron como
hechos justificantes los que a continuación se compendian (folios 23 al 25,
cuaderno 1):
- Ligia de Jesús
Mesa Madrigal y Rafael Ángel Hoyos González, junto con sus hijos, han
poseído desde hace más de veinte años un lote de terreno en el paraje San
Esteban, municipio de Girardota, que discriminan por su cabida y
linderos.
- Hoyos González
falleció el 13 de mayo de 2002.
- Los actos de
señores y dueños han sido compartidos y mancomunados, recayendo sobre la
totalidad del bien, «no en
forma individual sobre partes determinadas del mismo».
- Su ejercicio ha
sido público e ininterrumpido, al repeler perturbaciones de terceros, darlo en
arrendamiento y explotarlo agropecuariamente.
- A pesar de que
figura como titular del dominio Inversiones Moviliarias Movifoto Ltda., esa
persona jurídica cambió su razón social por Comercializadora Movifoto
Ltda.
- La accionada, una
vez notificada del auto admisorio, se opuso y formuló, sin sustentar, las
defensas de «falta de causa
para pedir»,
«inexistencia de la
obligación»,
«mala fe de los
actores» y
«cualquier otra que
aparezca probada» (folios 65
al 67, cuaderno 1).
Simultáneamente contrademandó en
reivindicación (folios 76 al 79, cuaderno 1).
- Los gestores
excepcionaron «adquisición
de los reconvenidos del derecho de dominio por prescripción
extraordinaria»,
«extinción del derecho de
la reconviniente para reivindicar», «inexistencia
de la obligación»,
«falta de
causa», «reconocimiento de mejoras y derecho de
retención» (folios 81 al
84, cuaderno 1).
- El Juzgado Civil
del Circuito de Girardota negó la pertenencia y accedió a las pretensiones de
la reconvención, condenando a los promotores a restituir el inmueble, pero
reconociéndoles mejoras por cincuenta y seis millones doscientos treinta y un
mil seiscientos pesos ($56’231.600) a
cargo de la comercializadora (folios 185 al 196, cuaderno
1).
- El Tribunal
confirmó la sentencia del a
quo, al desatar la apelación
de los perdedores.
- FUNDAMENTOS DEL
FALLO IMPUGNADO
Admiten la siguiente síntesis (folios 50 al
64, cuaderno 6):
- Los poseedores
señalaron que accionaban como personas naturales, pero al subsanar el libelo
indicaron «que se pedía
para la comunidad familiar constituida actualmente por la cónyuge e hijos del
señor Rafael Ángel Hoyos González», prescindiendo «de la suma de posesiones que en la demanda inicial se pretendía
hacer valer».
A pesar de ello, el trámite se adelantó
como si pidieran a título individual y así se surtió, tanto el
emplazamiento, como la notificación a la opositora, sin que se elevara algún
reclamo. Además, en esos términos se profirió el fallo de primer grado y la
inconformidad sobre el particular sólo surge en la alzada.
- De todas maneras,
como la comunidad «no puede
pretender adquirir por prescripción un bien total, porque cada miembro no
tiene disposición sobre la cosa, sino solamente sobre una cuota determinada de
ella», conllevaría a una
decisión inhibitoria en vista del fallecimiento de Rafael Ángel Hoyos, para
cuya sucesión no se reclama.
Empero eso no acontece en este caso, por la
forma en que se entendió «como actores a las
personas naturales que componen hoy la familia del señor Hoyos González, por
lo que no aparece vulneración alguna al derecho de defensa y es factible
pronunciarnos de fondo, ya que la misma parte actora con su silencio aceptó
tal situación».
- A pesar de que la
reconviniente adujo que sus oponentes eran tenedores, eso quedo resuelto con la
decisión de las excepciones previas «que fueron propuestas ante la contrademanda, indicando que se
entendía que se trataba de iniciar la acción reivindicatoria del bien trabado
en la litis».
- Desacertó el
a quo al tener por interrumpida la prescripción por
causa de un embargo que recae en el bien, pues, las cautelas no tienen tal
virtud, de conformidad con jurisprudencia reiterada de la Corte en ese sentido,
entre ella, la sentencia de 13 de julio de 2009.
- No se dan los
supuestos de la pertenencia, al observar que la diligencia de secuestro del 7
de julio de 1986 advierte sobre la ausencia de mejoras en el predio, sin que se
encontraron personas que la atendieran, por lo que de «acuerdo a lo señalado en el acta, no existía
a la fecha (…) ningún vestigio de actos de posesión de los que realizaría
un dueño, pues al inmueble ni siquiera se le habían hecho cerramientos para
separarlo del globo general de que formaba parte».
- Ese documento
tiene pleno valor al ser «indicativo de una realidad material constatada por el
juzgado» y
«está acorde con las otras
pruebas practicadas»,
argumentos que «nos llevan
a concluir que no existe prueba suficiente que muestre que a julio 7 de 1986,
19 años antes de la presentación de la demanda que lo fue el 8 de agosto de
2005, el señor Hoyos González poseía el inmueble objeto de la
prescripción».
- En cuanto a la
reivindicación, se atacó «fundamentalmente con base en su examen de la prescripción,
buscando que cayera aquella con la concesión de ésta, y poniendo de presente
las manifestaciones de la demanda de reconvención en cuanto a la tenencia por
los reconvenidos", aspectos
que fueron estudiados sin encontrarles asidero, lo que amerita confirmar su
procedencia al darse todos los presupuestos necesarios para
ello.
- LA DEMANDA DE
CASACIÓN
Cinco cargos se formulan contra el fallo de
segunda instancia, dos por la vía directa, otro par por la indirecta, de los
cuales se inadmitió uno, y el final acusando incongruencia.
De los cuatro que se corrió traslado se
despachará en primer lugar el último, que anuncia un yerro in procedendo, y luego se
continuará con el primero que alude a una desatención del principio de la
no reformatio in pejus.
El tercero y el cuarto, a pesar de estar
planteados por distintas sendas, se conjuntaran al ser complementarios, en la
medida que con ellos se busca derrumbar, desde diferente óptica, cada uno de
los dos puntales en que se soporta el fallo, de tal manera que la procedencia
de uno habilita el estudio del otro. Así lo ha hecho la Corte en las SC de 17
de mayo de 1995, rad. 4137; 20 de septiembre de 2000, rad. 05705; 5 julio de
2007, rad.1989-09134-01 y 10 de septiembre de 2013, rad.
2000-00754-01.
QUINTO
CARGO
Plantea como censura subsidiaria «especialmente frente al cargo cuarto»
la casual segunda de casación.
Expone, para establecer la falencia,
que:
- El principio de
congruencia comprende el que la «providencia judicial debe guardar simetría con los hechos
constitutivos de la demanda».
- Los opositores,
con el pretexto de demandar en reconvención, formularon pretensiones
reivindicatorias, pero no contra poseedores, «sino explícitamente señalando que los
demandantes eran meros tenedores del inmueble», lo que corroboran las respuestas que dio a los
hechos primero a tercero del libelo de pertenencia.
- En respuesta a tal
confusión los impugnantes presentaron excepción previa «de ineptitud de demanda por no estar conforme
a los requisitos de los numerales 5, 6 y 7 del art. 75 del C. de P. C., por una
parte; y por otra parte, dados los hechos enunciados por el reconviniente, por
corresponder la demanda a un proceso diferente del
ordinario», frente a lo que
los oponentes afirmaron que no era cierta la posesión, lo que debía ser
verificado por el fallador.
- Tanto en la
contestación como en la contrademanda se guardó silencio «por cuenta de quien pudieron presuntamente
estar los actores principales como “meros tenedores” del inmueble, ni
siquiera se atrevió a decir que podían estar por su cuenta (por ser
propietario inscrito), además de que no aportó documento o título alguno
sobre esa relación porque sabía que no era así» y quedando descartado que fuera en nombre de un
posible secuestre.
- La decisión de
esas defensas se postergaron para la sentencia, lo que no se discutió por el
ánimo de no dilatar, pero «en el entendido que lógica y jurídicamente, si al decidir de
fondo el operador judicial encontraba demostrado que los demandantes realmente
eran poseedores y no tenedores, se imponía el fracaso de la demanda
reivindicatoria formulada en reconvención».
- La primera
instancia, contradictoriamente, no accedió a la usucapión porque les negó a
los opugnadores «la
posibilidad siquiera de poseer, en su sentir ante la inscripción de un
embargo», pero ordenó la
restitución del inmueble
«intervirtiendo en una misma providencia, de buenas a primeras, la relación
de mis mandantes con el bien», para tomarlos como poseedores porque «en la demanda inicial los demandantes alegan
esta calidad».
- Si bien ese
desfase fue un punto de la apelación, no mereció mayor atención, continuando
en el yerro el superior al declarar próspera la reivindicación, en contra de
los supuestos fácticos que le sirvieron de soporte, violándose el principio
de la congruencia e incluso el límite de la competencia, pues la acción de
dominio no se puede dirigir contra tenedores.
- Como en el proceso
se constató que «los
demandantes iniciales no eran tenedores como lo afirmó el reconviniente en su
demanda, sino poseedores del inmueble como lo tiene demostrado el fallo de
segunda instancia, ello quiere decir, ni más ni menos, que los fundamentos de
hecho de la acción quedaron rotundamente desvirtuados», irregularidad que no podía entender superada
el fallador, pues, «la
decisión judicial debe “estar en consonancia con los hechos y las
pretensiones aducidos en la demanda”».
CONSIDERACIONES
- La sociedad
demandada, en respuesta a las pretensiones de pertenencia de los accionantes,
en relación con un inmueble rural del que afirmaron estar en posesión, los
reconvino en reivindicación.
- El
ad quem confirmó la decisión de primera instancia, en
la que se desestimaron las aspiraciones de los promotores y se accedió a la
restitución del predio a la propietaria inscrita, eso sí reconociéndoles a
aquellos las mejoras.
- Acuden en
casación los gestores recalcando que no era posible acceder a la acción de
dominio, por cuanto los reclamos de la oponente se sustentan en que ellos son
tenedores del bien, razón por la cual no existe una concordancia de lo buscado
con lo reconocido.
- Si bien se plantea
el ataque como subsidiario de los demás y «especialmente frente al cargo
cuarto», lo que es extraño
a la técnica de casación, lo cierto es que, desde la perspectiva expuesta, en
realidad constituye un motivo independiente por un vicio in procedendo con alcances parciales, puesto que sólo se
discute la prosperidad de la contrademanda, a lo que se ceñirá el
estudio.
Así lo hizo la Sala en SC de 2 de julio de
2010, rad. 2007-00224-01, en la que se resaltó que
Con relación al llamado “cargo
subsidiario”, dada la imposibilidad jurídica de la formulación bajo esa
modalidad, se toma como si fuera un tercer ataque, pues al respecto la Corte ha
dicho, “(…), que en el recurso extraordinario que ocupa su atención, es
improcedente plantear cargos de manera subsidiaria, ya que compete a esta
Corporación el estudio de la integridad de las acusaciones formuladas cuando
no prospera ninguna de ellas, o cuando su éxito sólo determina la
infirmación parcial del fallo impugnado. Dicho en otras palabras, la Corte
sólo queda relevada de estudiar todos los cargos, en el evento de que prospere
alguno de ellos con la fuerza suficiente para la casación total de las
resoluciones impugnadas, porque el examen de las acusaciones no depende de
ninguna condición como ocurre con las pretensiones que se plantean de manera
subsidiaria en la demanda, pues la única limitación que tiene la Corte, es la
establecida por el artículo 375 del Código de Procedimiento Civil, que impone
que los cargos sean resueltos en el orden lógico”. (Sentencia de casación
227 de 30 de noviembre de 2001, exp. 005980)
- La incongruencia a
que se refiere la causal segunda de esta vía extraordinaria, no es otra cosa
que el incumplimiento del deber que le impone al juzgador el artículo 305 del
Código de Procedimiento Civil, en el sentido de que
La sentencia deberá
estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y
en las demás oportunidades que este código contempla, y con las excepciones
que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley (…)
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto
del pretendido en la demanda, ni por causa diferente de la invocada en
ésta”.
Es así como son los involucrados en el
conflicto, con sus escritos, quienes delimitan el contorno del debate, fijando
las pautas a tener en cuenta al momento de desatar la litis y restringiendo,
por ende, la labor del funcionario encargado de resolverla. De esa forma, el
desconocimiento del querer explicitado se constituye en una irregularidad en la
producción del fallo, ya sea por referirse a puntos no sometidos a discusión,
acceder a menos de lo pedido o desbordando los alcances esbozados.
Al respecto la Sala en SC de 18 de diciembre
de 2013, rad. 2000-01098-01, precisó que
(…) validada la
suficiencia del texto de la demanda, mediante su admisión, y concedida la
oportunidad de contradecir a aquellos contra quienes se dirige, no puede el
funcionario dirimir la disputa por fuera de los lineamientos que le imponen las
partes, ya sea al hacer ordenamientos excesivos frente a las expectativas de
éstas, al dejar de lado aspectos sometidos a su escrutinio o al resolver
puntos que no han sido puestos a consideración, salvo cuando procede en
estricto cumplimiento de las facultades oficiosas conferidas por la
ley.
Y en ese mismo pronunciamiento recordó
como
La Corporación tiene dicho al respecto que
“[e]l principio dispositivo que inspira el proceso civil, conduce a que la
petición de justicia que realizan las partes delimite la tarea del juez y a
que éste, por consiguiente, al dictar sentencia, deba circunscribir su
pronunciamiento a lo reclamado por ellas y a los fundamentos de hecho que
hubieren delineado, salvo el caso de las excepciones que la ley permite
reconocer de oficio, cuando aparecen acreditadas en el proceso” (sentencia
del 9 de diciembre de 2011, exp. 1992-05900).
- Tiene incidencia
en la decisión que se está tomando lo que se pasa a
relacionar:
- Que en el libelo
con el que se buscó la usucapión se afirmó que «los esposos Rafael Ángel Hoyos González y
Ligia de Jesús Mesa Madrigal, entraron a poseer el
inmueble» debidamente
individualizado desde 1974 y que «a medida que los hermanos Silvia Elena, Diana Ligia, Mónica
Cecilia y Carlos Mario Hoyos Mesa llegaron a la mayoría de edad fueron
entrando al mismo predio como poseedores» (folio 18, cuaderno 1).
- Que en el escrito
de subsanación se reformularon esos hechos en el sentido de que el grupo
familiar conformado por Ligia de Jesús Mesa y Rafael Ángel Hoyos, con sus
hijos, posee el inmueble desde hace veinte (20) años y que Rafael falleció el
13 de mayo de 2002, quedando reducida la comunidad a quienes accionan (folio
23, cuaderno 1).
- Que la
contradictora se opuso a esas expectativas aduciendo que «el señor Hoyos González y su familia siempre
han sido tenedores del citado inmueble, nunca poseedores» (folio 65, cuaderno 1).
- Que la
propietaria inscrita del bien formuló «demanda de reconvención en contra de los
demandantes», insistiendo en
que «Rafael Hoyos, esposo y
padre de los demandantes en la demanda principal, en vida ocupó el inmueble
descrito en su calidad de tenedor» y que «la
esposa y los hijos del Sr. Rafael Hoyos, ante su Despacho y en varias
oportunidades, han confesado el hecho de ocupar dicho inmueble en nombre y
representación del señor Rafael Hoyos», por lo que pidió condenar «a los demandados en reconvención a restituir, una vez
ejecutoriada esta sentencia, a favor de la empresa demandante en reconvención,
el inmueble mencionado», con
sus frutos «desde el
momento de iniciada la posesión por tratarse los demandados de poseedores de
mala fe, hasta el momento de la entrega del inmueble al igual que el
reconocimiento del precio del costo de las reparaciones que hubiere sufrido la
demandante en reconvención por culpa de los poseedores» (folios 77 y 78, cuaderno 1).
- Que los gestores
se pronunciaron reiterando que «ya tienen derecho adquirido al dominio del inmueble por
usucapión, pues lo han venido poseyendo con ánimo de señores y dueños
durante más de 20 años, tal como se expuso en los hechos de la demanda
principal de pertenencia» y
formularon la excepción previa de «ineptitud de la demanda por incumplimiento de los requisitos
formales previstos en los numerales 5° y 6° del artículo 75 del Código de
Procedimiento Civil» en
vista de que «la acción de
dominio debe dirigirse contra un poseedor pero no puede dirigirse contra un
mero tenedor», para lo cual
existen otros medios (folios 81 al 88, cuaderno 1).
- Que
Comercializadora Movifoto Ltda., al descorrer el traslado de las defensas
perentorias, señaló que «los hechos referidos en la demanda de reconvención y al tenor
de lo dispuesto en el artículo 177 del C. de P. C. están sujetos a la
acreditación procesal en procura del efecto jurídico
pretendido» y que
«la demanda de pertenencia
parte del supuesto jurídico de la posesión, hecho que como afirmo no es
cierto y es su Despacho el llamado a declararlo previa comprobación de las
circunstancias en virtud de las cuales los demandantes hoy ostentan la calidad
de tenedores del predio objeto del litigio» (folio 95, cuaderno 1).
- Que el
a quo, al escudriñar los presupuestos de la
«acción
reivindicatoria», a la que
accedió, estimó que
La cosa que se pretende reivindicar es la
misma que reencuentra (sic)
en posesión de los demandados en reconvención, ahora en lo que atañe a la
calidad jurídica de poseedor, esta se encuentra claramente establecida,
teniendo en cuenta que en la demanda inicial los demandantes alegan esta
calidad, como fundamento de la pretensión de adquisición del inmueble por
prescripción extraordinaria, por lo tanto faculta al demandado a demandar en
reconvención, para recuperar la posesión del bien inmueble (folio 192, cuaderno 1).
- Que el Tribunal
sobre ese particular, en respaldo a lo resuelto en primera instancia, precisó
que
En cuanto a la demanda
de reconvención y la circunstancia que dentro de los hechos se haya señalado
que los demandados son tenedores, lo que de suyo desecharía la
reivindicación; se dirá que ya el señor Juez de primera instancia se ocupó
del asunto en audiencia en que definió las excepciones previas que fueron
propuestas ante la contrademandada, fl 98, indicando que entendía que se
trataba de iniciar la acción reivindicatoria del bien trabado en la litis y
que toda apreciación subjetiva sobre los hechos era objeto del proceso por lo
que dicha circunstancia sería valorada en la sentencia, como en efecto se
hizo, concluyendo que lo que se presentaba era una posesión y no una tenencia.
Contra la decisión que resolvió las excepciones la parte demandante no
interpuso ningún recurso, lo que implica su aceptación de tal decisión (…)
Incluso el mismo actor en la reconvención señaló en las peticiones 3ª y 4ª
que los contrademandados eran poseedores, lo que implica que la interpretación
hecha por el juez fue apropiada, teniendo en cuenta los presupuestos de la
acción emprendida y las manifestaciones del libelo (folio 60 vuelto, cuaderno
6).
Para concluir
que
Aunque el recurrente
atacó la decisión relacionada con la reivindicación fundamentalmente con
base en su examen de la prescripción, buscando que cayera aquella con la
concesión de ésta, y poniendo de presente las manifestaciones de la demanda
de reconvención en cuanto a la tenencia por los reconvenidos, argumentos que
ya fueron estudiados. No sobra señalar que es acertado el estudio que el juez
de primera instancia hizo sobre la acción, pues se encuentra demostrada la
propiedad del bien objeto de la reivindicación por la empresa contrademandante
con el certificado de libertad de tradición en el que consta que es
propietaria y el título por el cual adquirió; también lo está, como se
señaló, la posesión de los reconvenidos al momento de la reivindicación,
por sus afirmaciones y las demás pruebas recogidas; así como la identidad de
lo poseído por los accionados con el bien objeto de la acción, como se
muestra con el dictamen pericial practicado y con la inspección judicial (…)
En consecuencia procedía la reivindicación decretada (folio 63 vuelto, cuaderno
6).
- Fracasa la
ofensiva de los censores, puesto que no se observa que en la providencia
cuestionada el sentenciador incurriera en alguno de los casos de ultra, extra o
citra petita a que se contrae el motivo de inconformidad
propuesto.
Baste con observar que las aspiraciones de
la reconvención no fueron distintas a que se reconociera que el predio en
disputa le pertenecía en dominio pleno a Comercializadora Movifoto Limitada,
por lo que debía ser restituido por los «demandados
en reconvención», quienes siempre adujeron ser
poseedores, con los frutos, tanto recogidos como dejados de percibir, y sin
derecho a las expensas necesarias en la conservación del bien, por cuanto la
calidad que detentan éstos es de mala fe.
Si bien en el escrito de respuesta a la
petición de pertenencia se adujo que la familia Hoyos Mesa era mera tenedora
del lote, lo que también relató en los hechos de la reconvención, no puede
pasarse por alto, como llamó la atención el Tribunal, que en las pretensiones
tercera y cuarta de la reivindicación se les endilgó ser «poseedores», presupuesto este que
encontró plenamente establecido.
Además, la defensa esgrimida por la
comercializadora frente a la usucapión, consistente en que quienes tienen en
su poder el terreno son meros «tenedores», contempló la posibilidad
de que estos en realidad fueran «poseedores», duda cuyo esclarecimiento
dejó a criterio del fallador cuando descorrió la excepción previa y dijo que
«la demanda de pertenencia parte del supuesto
jurídico de la posesión, hecho que como afirmo no es cierto y es su Despacho
el llamado a declararlo».
De todas maneras cualquier conclusión a la
que hubiera llegado el juzgador frente a la contradicción que se pudiera dar
entre la parte factual y lo que concretamente se pidió, a lo sumo, derivaría
en un equivocado juicio de valor a la demanda cuestionable por la vía
indirecta.
Así lo indicó la Corte en SC 010 de 3 de
marzo de 1993, rad. 774145, al advertir que
El defecto de inconsonancia a que el actual
artículo 368-2 del C. de P. C. se refiere, ha de buscarse con base en la
previsión del artículo 305 del mismo ordenamiento, que dispone que el
juzgador tiene el deber de proveer sobre todas las pretensiones y excepciones
oportunamente invocadas por las partes. Por lo tanto, en el defecto puede
incurrir el juzgador tan solo cuando objetivamente otorga más de lo pedido,
fuera de lo pedido, deja de proveer sobre lo pedido o por debajo de lo pedido.
De donde se sigue que cuando el vicio se comete por interpretación equivocada
de la demanda o por yerros en la valoración de otros medios probatorios, la
causal que procede llamara como contentiva del motivo de casación no es la
segunda, porque entonces el defecto no es resultado de la mera actividad del
fallador de contemplar objetivamente la demanda y la respuesta. El fundamento
del quiebre de la sentencia tendrá que subsumirse en la causal primera de
casación en razón de que, si hubo el vicio, fue el resultado de estimación
de pruebas. La doctrina de la Corte últimamente pregonada es al que sostiene
que la causal segunda de casación procede cuando la inconsonancia del fallo
surge de la simple actividad del juzgador, mas no cuando es fruto de la
apreciación de pruebas, empezando desde luego por el entendimiento de la
demanda. Así lo ha dicho por ejemplo, la sentencia No. 321 de 14 de agosto de
1987, en que expresó la Corporación: “La inconsonancia radica, como
claramente señala la ley, cuando la sentencia no está acorde con las
pretensiones, vale decir, porque se exceda o provea más allá de lo pedido o
porque se decide sobre puntos no formulados por el demandante o porque se omite
decidir sobre alguno de los extremos de las peticiones del demandante. Entonces
el error de este linaje se concreta inequívocamente enderredor de las
pretensiones y de su incuestionable confrontación con la decisión del
sentenciador.
- El
cuestionamiento, por lo tanto, es infundado.
PRIMER
CARGO
Acusa la violación frontal de los
artículos 357 inciso primero del Código de Procedimiento Civil, en los
términos de la modificación 175 artículo 1° del Decreto 2282 de 1989, y el
57 de la Ley 2ª de 1984.
Se fundamenta de la manera que pasa a
resumirse:
- Se desbordó el
Tribunal, pues, sustentada oportunamente la apelación, «con manifestación expresa y motivada de las
razones de su inconformidad, para que ellas sean conocidas y valoradas por el
superior, constituyendo así el tema decidendum de la
alzada», se limita la
competencia de éste, «quien solo podrá resolver o decidir en torno a los precisos
motivos de inconformidad que expone el recurrente, cuando éste es apelante
único», quedándole
vedado «reformar o enmendar
la providencia impugnada sobre aspectos distintos a los planteados por el
recurrente».
- El funcionario de
primer grado negó la usucapión exclusivamente porque «en el folio de matrícula del inmueble se
había inscrito un embargo desde el 1° de abril de 1987» que no se había cancelado, negándoles
«toda posibilidad de ser
poseedores a partir de la inscripción del embargo, y que si alguna vez la
habían tenido ella quedó interrumpida».
-
Esa resolución se atacó con
el argumento de que, estando demostrada la posesión por más de veinte (20)
años, no se podía desconocer tal condición, pues, un embargo no la impide o
interrumpe. A lo que se añadió que de hundirse la aspiración principal no
era posible la reivindicación, la que se dirigió contra
tenedores.
- Si bien el
ad quem advirtió que la providencia no estaba basada en
argumentos legales, la confirmó cuando no tenía otro camino que revocarla.
CONSIDERACIONES
- Ligia de Jesús
Mesa Madrigal, Silvia Elena, Diana Ligia, Mónica Cecilia y Carlos Mario Hoyos
Mesa, persiguieron la usucapión de un bien inmueble en el que figura como
propietaria inscrita Inversiones Moviliarias Movifoto Ltda., hoy
Comercializadora Movifoto Ltda. Esta sociedad se opuso y simultáneamente
ejerció acción de dominio en reconvención, en relación con dicho
bien.
- La sentencia de
primera instancia desestimó la pertenencia de los poseedores y acogió los
reclamos reivindicatorios de la contradictora, lo que fue confirmado por el
fallador de segundo grado.
- Los accionantes
estiman que se infringieron frontalmente normas sustanciales relacionadas con
la competencia de la segunda instancia, en vista de que, a pesar de que sus
críticas a la razón por la cual se negó la pertenencia encontraron eco, se
confirmó lo decidido por el Juzgado en ese sentido, por otras razones que no
fueron objeto de discusión en la alzada.
- El artículo 357
del Código de Procedimiento Civil, con la modificación 175 artículo 1° del
Decreto 2282 de 1989, es una norma sustancial, toda vez que consagra el
principio de la no
reformatio in pejus, según
el cual el sentenciador de segundo grado, cuando no todos los intervinientes en
el litigio apelan, debe abstenerse de hacer más gravosa la situación de quien
sí lo hizo. De esta forma se garantizan los derechos reconocidos en primera
instancia a la parte inconforme, que quedan por fuera de
discusión.
Sin embargo, la infracción a este precepto
no es controvertible por la vía directa que se invoca en este caso, sino por
la causal cuarta del artículo 368 ibidem, consistente en «[c]ontener la
sentencia decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que
apeló o la de aquélla para cuya protección se surtió la consulta, siempre
que la otra no haya apelado ni adherido a la apelación, salvo lo dispuesto en
el inciso final del artículo 357».
Constituye, por lo tanto, una causal
autónoma completamente ajena al primer motivo de descontento de esta
impugnación extraordinaria, que cuenta con unas particularidades que no
permiten confundirlas.
La Sala en SC de 8 de octubre de 1993, rad.
3416, lo dejo esclarecido así:
Bien sabido es que del principio general de
acuerdo con el cual en la segunda instancia, abierta con motivo de un recurso
de apelación, es obligatorio de ordinario respetar la situación concreta en
que los litigantes se colocaron a raíz de haber concluido la primera y ha de
actuarse por lo tanto sin variar tal estado de cosas para revisar el proceder
del juez a quo, se desprenden importantes consecuencias, una de ellas expresada
en la regla que prohíbe reformar empeorando -reformatio in pejus- que, como lo
ha indicado la doctrina jurisprudencial, se traduce en una verdadera
limitación negativa a los poderes del juez ad quem “…por cuanto le
prohíbe modificar la providencia apelada en perjuicio del recurrente, cuando
la contraparte no ha interpuesto apelación ni ha adherido a dicho
recurso…” (G.J. Tomo CLXVI, pág. 412). Dicho en otras palabras, si una de
las partes impugna en alzada una resolución determianda y la otra,
conformándose, se aquieta ante ella, la providencia que decida el recurso no
puede por norma modificar aquella resolución dañando al recurrente de donde
se sigue que la actividad jurisdiccional en sede de apelación, si bien puede
ejercitarse sobre la totalidad de la Litis en punto a fiscalizar lo actuado por
el a quo en aquellas cuestiona específicas que plantea la impugnación, no es
admisible que se exprese en proveídos que de cualquier modo impliquen
menoscabo para la posición del apelante pues no lo permite el artículo 357
del Código de Procedimiento Civil, disposición ésta que, también por sabido
se tiene, es de derecho sustantivo (G.J. Tomos CXLVIII, pág. 110 y CXLII,
pág. 195, reiteradas en Casación Civil de 6 de noviembre de 1990, sin
publicar) y en ella se funda directamente el derecho adquirido que tiene los
litigantes a que no se modifiquen las situaciones jurídicas favorables para
ellos creadas por las providencias judiciales, es decir que no se cambien
“… en perjuicio de quien apeló de ellas para mejorar, o en beneficio de
quien no ha ejercitado el derecho de impugnación …”: si así no ocurre y
por consiguiente se desborda el campo demarcado por la ley a la competencia del
juez en este ámbito, “… se lesiona el interés jurídico del impugnante
quien, por tanto, puede acusar la resolución mediante el recurso de casación
invocando hoy este específico motivo [causal 4 del
artículo 368 del Código de Procedimiento Civil], ya
que el legislador de 1970 le atribuyó a la reformatio in pejus autonomía como
causal de casación. Le dio individualidad propia…” (G.J. Tomo CLXVI, pág.
219).
- Se configura por
ende un defecto de técnica que no puede ser pasado por alto, puesto que se
anuncia y pretende desarrollar bajo los criterios de la senda recta un
interrogante que le es ajeno por tener una identidad propia, lo que repugna a
la estrictez de este extraordinario de contradicción.
La Corporación en SC de 7 de marzo de 2011,
rad. 2003-00412-01, en un asunto que guarda similitud a éste, puesto que se
anunció una violación directa de normas materiales, cuando sus fundamentos
eran propios de otras razones de ataque, señaló que
(…) en un cargo vertebrado bajo el alero
de la causal primera, por la violación directa de la ley sustancial, trae
acusaciones propias de las causales segunda y quinta del artículo 368 del C.
de P. C., lo cual denota un entremezclamiento de ataques inadmisible en sede
casacional, pues tal circunstancia desatiende la exigencia de precisión y
claridad que prevé el artículo 374 del C. de P. C.
- No obstante lo
anterior, si se hiciera abstracción de esa anomalía, lo cierto es que ni
siquiera se configuraría la causal cuarta de casación, para cuya
configuración se requiere, como lo tiene esclarecido la Corte y recordó en
S.C. de 19 de septiembre de 2000, rad. 5405,
a) vencimiento parcial de un litigante, b)
apelación de una sola de las partes, porque la otra no lo hizo ni principal ni
adhesivamente, c) que el juez de segundo grado haya empeorado con su decisión
la situación del único recurrente, y d) que la reforma no verse sobre puntos
íntimamente relacionados con lo que fue objeto de la apelación.
Como en el presente caso la decisión del
Tribunal fue completamente confirmatoria del fallo del Juzgado Civil del
Circuito de Girardota, no puede hablarse de un cambio perjudicial en los
intereses del único recurrente, pues, simplemente se conservó el statu quo, sin que se hiciera más
gravosa la situación de los poseedores vencidos, a quienes se les reconocieron
mejoras por cincuenta y seis millones doscientos treinta y un mil seiscientos
pesos ($56’231.600), que
fueron respetadas en la alzada.
Precisamente en el último precedente citado
recalcó la Sala que
Parangonando las anteriores nociones con
las circunstancias de facto que ofrece el presente caso, fácilmente se nota
que aquéllas no se adecuan en éstas, porque el Tribunal en modo alguno
introdujo modificaciones a lo resuelto por el a quo, pues la sentencia de
segunda instancia fue íntegramente confirmatoria de la de primera. De manera
que si un acto no le introdujo variación al otro, mal puede incurrirse en el
defecto que el censor anuncia, porque es en las disposiciones modificatorias
donde en principio debe advertirse el empeoramiento que materializa la causal
mencionada (…) Lo anterior se considera suficiente para desechar el cargo
así propuesto.
- Por los
anteriores motivos se desecha el embate.
TERCER
CARGO
Señala vulnerados, recta senda, los
artículos 779 y 2322 del Código Civil, por errónea interpretación, y 2531 y
2532 ibidem por falta de
aplicación
Desarrolla el ataque así:
- Incurrió el
juzgador en el error de «confundir bajo unas mismas consideraciones la propiedad que es
un derecho y apareja la facultad de disponer, con la posesión que es un hecho
y conlleva la posibilidad del uso o explotación de un determinado
bien», sin que nada impida
que «el uso y la
explotación de una sola cosa pueda darse por un solo individuo o en forma
compartida por varios, en este último evento en beneficio mutuo y por ende
colectivamente».
- El artículo 2322
del Código Civil dice que si dos o más personas «tienen comunidad sobre una misma
cosa», se constituye un
cuasicontrato que las une mientras dure, y que se extingue con la división o
si «alguno de ellos centra
la posesión exclusiva hacia una parte determinada de la cosa»,
lo que guarda coherencia con
los artículos 2323, 2325, 2326, 2327 y 2329 ibídem.
Eso no significa que la comunidad
«no puede adquirir por prescripción; lo que quiere
decir es que, como no representa un ente jurídico con autonomía y
personalidad jurídica propias, no está facultada por ejemplo, para ejercer
derechos o contraer obligaciones con prescindencia de sus
integrantes».
La suma de quienes la conforman la
representan «siendo esta la razón para que salvo
prueba en contrario, los actos del comunero se entiendan en pro de la comunidad
y no de su exclusivo beneficio».
- La falta de
comprensión de la figura indujo al error de entender, en contra de lo afirmado
en el curso del pleito, que «la acción de prescripción adquisitiva no podía tenerse como
formulada por la comunidad, sino por aquellos [los demandantes] individualmente
considerados».
- El que la
comunidad puede adquirir por prescripción es un tema que tiene establecido la
Corte de antaño, como se puede apreciar en las sentencias de 28 de abril de
1953, GJ t. LXXXIV, número 2127, y 29 de octubre de 2001, rad.
5800.
- Por su parte el
artículo 779 id «no riñe
con la posibilidad real de poseer en comunidad, con la viabilidad de la
coposesión según enseña la doctrina», solo que «si
como resultado de la división el comunero recibe no todo sino una parte del
inmueble se entiende que fue solo esa cuota parte la que poseyó mientras
estuvo en indivisión», sin
que quiera decir que
«durante la indivisión los comuneros no puedan concurrir sobre el todo
mientras ejercen la posesión y mientras subsiste la
comunidad».
- Con lo anterior
se dejó de aplicar el artículo 762 ejusdem, pues,
desconoce que varias personas mancomunadamente pueden desplegar actos de señor
y dueño sobre la totalidad de un bien.
CUARTO
CARGO
Anuncia la infracción indirecta de los
artículos 762, 779, 2531 y 2532 del Código Civil, en vista de la indebida
aplicación de los artículos 253 y 254 del Código de Procedimiento Civil,
como consecuencia de «error de hecho manifiesto en
la apreciación de la demanda, de su contestación, de la demanda de
reconvención y de la copia informal de un documento obrante a folio 18 cdno
#2; así como en la indebida apreciación o falta de apreciación de las demás
pruebas obrantes en el expediente».
Concretó la acusación en estos
términos:
- A pesar de que se
tuvo como aceptado que los gestores han estado en posesión del predio por
muchos años, como lo relataron los testigos, el sentenciador
«acudió única y
exclusivamente a la valoración de un documento (fl 18 cdno # 2), arrimado al
expediente por el representante legal de la sociedad demandada en
interrogatorio de parte»,
para desvirtuar la antigüedad de los actos de señores y dueños,
desconociendo que «se
refiere a un documento que no podía ser siquiera apreciado para efectos
probatorios; y como si fuera poco procediendo a deducir del contenido del mismo
una conclusión materialmente insostenible frente al resto o conjunto de la
prueba».
- Tal medio de
convicción, que se incorporó al expediente extemporáneamente y sin los
requisitos de los artículos 253 y 254 del Código de Procedimiento Civil, ni
siquiera podía ser apreciado ya que «no es autorizado por funcionario competente, no es autenticado
ante notario, no es compulsa del original o de copia
auténtica».
Obviando eso, se le dio un alcance jurídico
de que no estaba revestido, cuando «jamás podría
ser medio idóneo o eficaz para demostrar presuntos hechos o materialidades
representadas en él, luego tampoco podía ser “indicativo” de ninguna
realidad», máxime cuando ni siquiera era posible el
cotejo con el original porque el plenario al que correspondía ni siquiera pudo
ser encontrado en los archivos generales de la rama judicial.
El silencio de los recurrentes cuando se
presentó el escrito lo justifica el que, «no siendo
legalmente apreciable y por tanto jurídicamente ineficaz, para fines
probatorios, como tal, sencillamente no podía existir para el
proceso».
Tampoco se podía deducir un indicio de
dicho elemento demostrativo, ni se tenía certeza «de que materialmente esa acta corresponde a la diligencia de
secuestro que en decir del demandado se realizó en el inmueble o que
corresponde a la que pudo ordenar el juzgado en el expediente
extraviado»
- Por demás, fuera
de dicha falencia y de que el restante material de convencimiento
«indica y demuestra todo lo
contrario, no hay congruencia entre lo que expone la copia y lo que la
sentencia infiere o deduce»,
siendo que si allí se expresó que «al practicarse el supuesto secuestro no se encontró ninguna
persona y por tanto no hubo oposición, no es inferible que nadie (por ejemplo)
lo venía poseyendo, como tampoco era inferible que para esa época los
demandantes no eran los poseedores».
- Hay dos hechos
trascendentales plenamente establecidos, la ubicación del inmueble y su
destinación, que siempre ha sido agropecuaria, por lo que entra en franca
contradicción el acta con las demás probanzas, si con aparecer allí que
«se halló grama sembrada
ya tiene insita la existencia de mejoras relacionadas con la actividad
económica que desde la demanda según los actores daban al
inmueble».
- Al centrar la
atención en un solo «medio
legal y materialmente inadmisible como prueba», el Tribunal dejó de apreciar aquellos con los
que «quedó ampliamente
demostrada la posesión de la comunidad familiar integrada por los demandantes
(…) y la antigüedad de la misma», como son:
- La inspección
judicial realizada por el a
quo, donde se recalca la
vocación agraria del lote.
- El dictamen
pericial, que reitera esa destinación y las mejoras relacionadas con la misma,
cuya antigüedad diagnosticada por el experto «desmienten y contradicen las equívocas
deducciones que obtiene el fallo del Tribunal con base en la copia informal de
la supuesta diligencia de secuestro».
- Las declaraciones
rendidas por Hernando Eliécer Castrillón Henao, Diego Alonso Uribe Hoyos,
Luis Fernando Palacio Velásquez, Franklin Alonso Giraldo Muñoz, Iván Alfonso
Cataño Monsalve y Jesús Alberto Madrigal Alzate, con las que
«se acreditó
fehacientemente que tales explotación agropecuaria y mejoras no pudieron ser
adelantadas por personas diferentes a la comunidad familiar
demandante»
CONSIDERACIONES
- El grupo familiar
conformado por Ligia de Jesús Mesa Madrigal y sus hijos Silvia Elena, Diana
Ligia, Mónica Cecilia y Carlos Mario, fruto de la relación matrimonial que
tuvo con Rafael Ángel Hoyos González, pidió que se les declarara que
adquirieron por prescripción extraordinaria un bien inmueble de propiedad de
Comercializadora Movifoto Ltda.
- La contraparte,
además de oponerse a esos reclamos, contrademandó en acción de
dominio.
- Al resolverse la
primera instancia, se desestimaron las aspiraciones de los poseedores,
accediendo a que se restituyera el predio a la contradictora, pero con el
reconocimiento de las mejoras implantadas por aquellos, lo que fue
íntegramente confirmado por el ad quem.
- Estimó el
Superior que, si bien el argumento de primer grado para denegar la usucapión
no era de recibo, de todas formas no se daban los supuestos de ley con tal
fin.
Apuntaló las conclusiones en ese sentido en
que los demandantes actuaron a título personal y que, de considerarse que lo
hicieron para una comunidad familiar, ésta «en los
términos pretendidos no puede adquirir por prescripción», además de que no se acreditó que hubieran poseído antes del 7
de julio de 1986, por lo que no se cumplía con el lapso de veinte (20) años
consagrado para su reconocimiento.
- Los censores en
dos ataques separados discuten las anteriores apreciaciones, que posibilitaron
la viabilidad de los reclamos de la contradictora, estimando que incurrió el
juzgador en varias anomalías que, de no haberse dado invertirían, el
resultado del pleito, encontrando respaldo la pertenencia y, con ello,
naufragando la reivindicación.
Es así como, por la vía directa,
cuestionan la interpretación que se le dio a las normas de la comunidad y el
que ésta pueda pedir la usucapión. Ya por la indirecta, expone reparos de
facto en la valoración de diferentes medios de prueba recaudados, debatiendo
la forma como se tuvo por desvirtuado el período que se han comportado como
señores y dueños del bien.
- La vulneración
directa de la ley sustancial amerita la demostración de una equivocación del
juzgador en la aplicación de las normas que gobiernan el caso, ya sea porque
las pasó por alto, apreció aquellas que le eran ajenas o, no obstante acertar
en su selección, les dio un alcance que no les corresponde. Así mismo,
implica la aceptación de las situaciones fácticas que se tuvieron por
establecidas, con base en la valoración dada a los medios de prueba
recaudados, pues, se trata de un cuestionamiento eminentemente jurídico
alejado de los hechos.
Así lo expresó la Corte en SC del 15 de
noviembre de 2012, rad. 2008-00322), al señalar que
El ataque contra la sentencia del ad quem,
cuando se invoca la violación directa de la ley sustancial, requiere de la
aceptación de todos los hechos que en ella se tuvieron por probados y sin que
se pueda exteriorizar inconformidad con los medios de convicción obrantes en
el plenario, toda vez que la labor argumentativa del censor sólo puede estar
orientada a descubrir los falsos juicios sobre las normas materiales que
regulan el caso, ya sea por falta de aplicación, al no haberlas tenido en
cuenta; por aplicación indebida, al incurrir en un error de selección que
deriva en darles efectos respecto de situaciones no contempladas; o cuando se
acierta en su escogencia pero se le da un alcance que no tienen, presentándose
una interpretación errónea (…) Corresponde, por ende, a una causal de pleno
derecho, encaminada a develar una lesión producida durante el proceso
intelectivo que realiza el fallador, por acción u omisión, en la labor de
escogencia y exégesis de la regulación que considera aplicable, con un
resultado ajeno al querer del legislador”
- En cuanto a los
ataques por la vía indirecta, cuando se dirigen a la comisión de un error de
hecho manifiesto en la apreciación de las pruebas, requiere de una labor
argumentativa encaminada a develar la relevancia de la equivocación, por
existir disparidad evidente entre las conclusiones del fallo, con lo que
arrojan los elementos recaudados para acreditar los hechos planteados por las
partes en litigio.
La Corte sobre esta causal, en SC del 9 de
agosto de 2010, rad. 2004-00524, anotó que
(…) al denunciarse en el punto la
comisión de errores de hecho probatorios, pertinente resulta memorar que no
cualquier yerro de esa estirpe es suficiente para infirmar un fallo en sede de
casación, sino que se requiere que sea manifiesto, porque si se edifica a
partir de un complicado proceso dialéctico, así sea acertado, frente a unas
conclusiones también razonables del sentenciador, dejaría de ser evidente,
pues simplemente se trataría de una disputa de criterios, en cuyo caso
prevalecería la del juzgador, puesto que la decisión ingresa al recurso
extraordinario escoltada de la presunción de acierto.
- Son relevantes
para desatar este ataque lo que a continuación se indica:
- Que confirieron
poder para demandar Ligia de Jesús Mesa Madrigal, Silvia Elena, Diana Ligia,
Mónica Cecilia y Carlos Mario Hoyos Mesa «para que en nuestro nombre y representación inicien y culminen
proceso ordinario de pertenencia por prescripción extraordinaria de dominio,
por haber sumado posesión superior a veinte (20) años sobre el inmueble» (folio 16, cuaderno 1).
- Que en los hechos
de la demanda inicialmente radicada señalaron que «desde al año 1974, los padres de los
codemandantes Silvia Elena, Diana Ligia, Mónica Cecilia y Carlos Mario Hoyos,
es decir, los esposos Rafael Ángel Hoyos González y Ligia de Jesús Mesa
Madrigal, entraron a poseer el inmueble» y que a medida que dichos hijos «llegaron a la mayoría de edad fueron
entrando al mismo predio como poseedores». Insistieron en que «Rafael Hoyos González, como ya se anotó, compartió con ellos
la posesión del inmueble hasta la fecha de su fallecimiento el día 13 de mayo
de 2002». Además, que los
hermanos Hoyos Mesa «tienen
derecho a sumar a su posesión, la posesión que ejerció su causante padre
Rafael Hoyos González desde 1974 hasta su fallecimiento, o por lo menos desde
el año en mención hasta cuando cada uno de aquellos fue entrando a poseer»
(folio 18, cuaderno
1).
- Que se inadmitió
el libelo en auto de 30 de agosto de 2005, para que se diferenciara
«la situación de
adquisición a nombre propio, dependiendo de si hay suma o no de posesiones, de
prescripción adquisitiva como continuadores de la personalidad del señor
Rafael Ángel Hoyos González», esto por cuanto «un asunto es pretender prescripción adquisitiva de dominio a
nombre propio (con o sin suma de posesiones) y otro bien diferente es pretender
la referida prescripción contra un patrimonio autónomo
(herencia)», en el plazo de
ley (folio 22, cuaderno 1).
- Que en la
subsanación se precisó que «desde hace veinte años la comunidad familiar integrada por
Ligia de Jesús Mesa Madrigal, Rafael Ángel Hoyos González y Silvia Elena,
Diana Ligia, Mónica Cecilia y Carlos Mario Hoyos Mesa, entraron a poseer el
inmueble» y luego del
fallecimiento de Hoyos González, el 13 de mayo de 2002, sólo los promotores
continuaron poseyendo. Añadieron que «la posesión ha sido compartida entre los demandantes,
orientada, concertada y mancomunadamente sobre la totalidad del predio, no en
forma individual sobre partes determinadas del mismo» (folio 23, cuaderno 1).
- Que en relación
con los integrantes de la familia Hoyos Mesa, se demostró:
- El matrimonio entre Rafael y Ligia
el 13 de junio de 1966 (folio 10, cuaderno 1).
- Los nacimientos de Carlos Mario,
Diana Ligia, Silvia Elena y Mónica Cecilia el 24 de junio de 1968, 29 de
septiembre de 1969, 5 de diciembre de 1971 y 18 de diciembre de 1979,
respectivamente (folios 12 al 15, cuaderno 1).
- La defunción de Rafael Hoyos
González el 13 de mayo de 2002 (folio11, cuaderno 1).
- Que en el fallo
del Tribunal, en lo que se refirió a las pretensiones de pertenencia, se
señaló que (folios 59 al 63, cuaderno 6):
- En el comienzo los accionantes eran
las «personas naturales relacionadas en la
demanda», pero con la corrección indicaron que
«se pedía para la comunidad familiar constituida
actualmente para la cónyuge e hijos del señor Rafael Ángel Hoyos
González», prescindiéndose de la suma de posesiones
que anunciaron.
- A pesar de lo anterior en todo el
trámite de la primera instancia se les tuvo como «personas naturales» y así se
notificó a su oponente, quien los reconvino en esa misma forma.
- De admitirse que «la comunidad familiar era la verdadera parte demandante,
surgiría el primer escollo para poder definir la presente acción, por causa
de una declaración de nulidad por emplazamiento y notificación errados, al
menos al curador de los indeterminados del auto admisorio de la demanda, que
debió dictarse a nombre de la comunidad».
- Se supera lo anterior porque
«el procedimiento se adelantó con los actores como
personas naturales» y la «comunidad familiar, en los términos pretendidos no puede
adquirir por prescripción», si se tiene en cuenta
que «no se demanda para la sucesión del señor
Hoyos González, sino para la comunidad compuesta por su familia».
- En cuanto al período de posesión
que debe ser superior a veinte (20) años, obra una prueba que «debe considerarse primordial porque proviene de un juzgado y da
cuenta específica de las circunstancias que en relación con la posesión se
daban concretamente sobre dicho terreno el 7 de julio de 1986», consistente en el acta de secuestro realizado en esa fecha, en la
que se señala «que el despacho no
encontró “ningún
principio de construcción ni mejora alguna, ya que solamente tiene grama
sembrada”», por lo que para tal data «no aparece demostrada la posesión de los actores con actos en
los que se concreta el dominio».
- Dicha diligencia se aprecia a pesar
de que fue aportada en copia informal por la sociedad y no se consiguió una
reproducción auténtica en el despacho donde reposa, porque «no fue posible hallar el expediente en los archivos generales de
la Rama Judicial».
- La deducción que arroja ese
secuestro la corroboran los demás medios de prueba.
- Como lo contempla
el artículo 762 del Código Civil, la posesión es la tenencia de la cosa con
ánimo de señor o dueño y, según tiene establecido desde vieja data la
Corporación, resulta de
(…) la concurrencia
absoluta y simultánea de la tenencia física, material y real de una cosa,
perceptible en su materialidad externa u objetiva por los sentidos (corpus) y
el designio o intención de señorío (animus), ser dueño (animus domini) o
hacerse dueño (animus remsibi habendi) de la misma, que por obedecer a un
aspecto subjetivo es susceptible de inferir por la comprobación de actos
externos razonables, coherentes, explícita e inequívocamente demostrativos
(SC de 13 de marzo de 1937,
XLIV, 713 y reiterada el 24 de julio de 1937, XLV, 329; 10 de mayo de 1939,
XLVIII, 18; 9 de noviembre de 1956, LXXXIII, 775; 27 de abril de 1955, LXXX,
2153, 83; 22 de agosto de 1957, LXXXVI, 14; 12 de febrero de1963, CI, 103; 24
de junio de 1980, CLXVI, 50; S-020, S-028, S-031, S-059, S-101, S-115 y S-126
de 1995; S-051 de 1996; S-055 de 1997; S-025 de 2002; S-124 de 2003 y SC- 149
de 2004).
- La forma como se
ejerce ese ánimo de señor y dueño puede ser individual o conjunta, ésta en
el caso de la comunidad regulada en los artículos 2322 ibidem, consistente en un cuasicontrato entre dos (2) o más personas que
no han convenido sociedad o cualquier otro contrato, relacionado con la cosa
determinada que está bajo su poder.
Cuando se presenta el último evento,
quienes integran la comunidad son coposeedores en proindiviso y por ende, si
bien pueden tener una participación diferencial, la misma está representada
en todo el bien y no en una fracción determinable del mismo.
Y si bien la comunidad no es una persona
jurídica y los integrantes de la misma «no se
representan unos a otros, ni tampoco a la comunidad, sin embargo cuando alguno
de ellos ha litigado para esta última sobre un derecho indivisible, la
sentencia favorable aprovecha a la comunidad, pero la desfavorable no afecta
los derechos de ésta o de los otros condueños si no la aceptan» (G.J. XXIX, pág. 151).
- Puede ocurrir,
sin embargo, que se aumente la participación de alguno o varios de los
comuneros en la cosa, desplazando o disminuyendo la de los demás, pero sin que
se beneficie de la coposesión de su antecesor cuando no media título
traslaticio del uno al otro, ya que si lo que se da es una apropiación de una
cuota por actos que desconocen la intervención de quien deja de poseer, el
perfeccionamiento requiere que transcurra el tiempo consagrado en las normas
para la prescripción adquisitiva.
Sobre este particular la Corte en SC de 15
de julio de 2013, rad. 2008-00237-01, señaló que
Tratándose de una
comunidad deviene ope legis la coposesión, por lo que el poder de hecho es
ejercido por todos los comuneros o uno de ellos en nombre de los demás. No
obstante, puede acontecer que en la última hipótesis sufra una mutación
porque quien lo detenta desconozca los derechos de los otros condueños,
creyéndose y mostrándose con su actuar como propietario único y con
exclusión de aquellos. En este evento cuando cumpla el requerimiento temporal
de la prescripción extraordinaria está facultado para promover la
declaración de pertenencia. Claro está, siempre que la explotación
económica no se hubiere producido por acuerdo con el resto de copropietarios o
por disposición de autoridad judicial o del administrador (artículo 407 del
Código de Procedimiento Civil). De ahí que la posesión que habilita al
comunero para prescribir es aquella que revela inequívocamente que la ejecuta
a título individual, exclusivo, autónomo, independiente y con prescindencia
de los restantes condóminos, sin que tenga que ver con su calidad de
coposeedor.
- Ahora bien,
cuando uno de los que tiene en común la cosa fallece, el porcentaje que
detentaba en la misma, al ser un componente económico de su patrimonio, es
susceptible de repartición entre sus herederos, con los demás elementos que
lo conformen, surgiendo entre estos una «comunidad herencial» desde el momento del deceso hasta la
adjudicación.
Y es que la defunción de un comunero no
significa que su participación se diluya y pase, así sin más, a los
restantes, como si se tratara de una categoría especial que no ingresara a los
acervos del causante. Mientras no se haga la distribución de los activos del
difunto, entre los cuales están incluidas sus participaciones en común y
proindiviso, ya sea a título de dueño o como poseedor, cualquier acción
relacionada con los mismos debe hacerse por los sucesores en nombre de la
«comunidad herencial».
Como bien lo precisó la Corte en SC de 22
de abril de 2002, rad. 7047,
(…) en el interregno
entre el fallecimiento de una persona y la adjudicación de sus bienes y deudas
a quienes por causa de muerte han de sucederlo, surge la comunidad herencial,
de naturaleza universal y caracterizada por comprender cuanto por ley trasmite
el causante, pero que no siendo un ente colectivo, careciendo de capacidad de
derecho, "no actúa como persona, ni activa ni pasivamente; actúan los
titulares de derechos en ella, los sucesores a título universal, porque la
calidad de sujetos de derecho no la tienen sino los herederos, que pueden ser
personas naturales o jurídicas; no la universalidad, no el patrimonio
herencial que al fin y a la postre no es más que un conjunto de elementos
positivos y negativos, que existe, como existía antes de fallecer el causante,
pero que por haber desaparecido su dueño están al frente de él sus
herederos". (Cas. LXXVIII, 329) ... Pero, desde luego, la vida de la comunidad
herencial es efímera, su destino es su liquidación y de esta suerte el
derecho de herencia de que es titular cada heredero desde la apertura de la
sucesión y mientras perdure la indivisión que le es correlativa, terminará
por extinguirse para dar paso a derechos singulares o individuales en los
efectos que a aquellos hubieren cabido una vez verificado el acto de partición
y adjudicación; es entonces cuando la sucesión por causa de muerte culmina su
ciclo como modo de adquirir y el asignatario pasa a reemplazar al causante como
titular del correspondiente derecho en los cuerpos ciertos que le fueron
asignados (artículos 673 y 1401 del código civil)
- En esta
oportunidad no se configura la infracción directa denunciada, por cuanto de
las apreciaciones del Tribunal de ninguna manera se puede concluir,
tajantemente, que cuando se está en «comunidad» no
es posible adquirir por prescripción un bien, ni mucho menos que los actos de
señor y dueño no puedan ser ejercidos simultáneamente por varias personas
sobre un solo inmueble, como lo quieren hacer ver los
censores.
Basta resaltar lo dicho por el Tribunal,
concretamente que la «comunidad familiar, en los
términos pretendidos no puede adquirir por prescripción», sin que tal falencia derivara en un fallo inhibitorio porque los
accionantes fueron tenidos en el curso de la primera instancia como
«personas naturales».
Dicha aseveración la complementó con que
«no se demanda para la sucesión del señor Hoyos
González, sino para la comunidad compuesta por su familia», apreciación de los hechos del libelo que no es discutida, ni
podía serlo, por la naturaleza del cargo.
Esa conclusión es el producto de un examen
minucioso al pleito concreto y no corresponde a un postulado de interpretación
general de las normas invocadas, sino a la verificación de improcedencia desde
los aspectos fácticos en que fueron reiterativos los promotores de la
pertenencia.
Y es que nada distinto se podía concluir,
puesto que si bien se pretendió desde el comienzo «declarar que Ligia de Jesús Mesa Madrigal y Silvia Elena, Diana
Ligia, Mónica Cecilia y Carlos Mario Hoyos Mesa han adquirido en forma
conjunta y mancomunada por prescripción extraordinaria de dominio el bien
inmueble», justificaron sus reclamos en que los
esposos Rafael Ángel Hoyos González y Ligia de Jesús Mesa Madrigal entraron
a poseer desde 1974 y que los hijos de la pareja, «a
medida que (…) llegaron a la mayoría de edad, fueron entrando al mismo
predio como poseedores, en concurso con sus padres»,
así «Silvia Elena entró desde 1986, Diana Ligia
desde 1987, Mónica Cecilia desde 1989 y Carlos Mario desde 1991».
Relato que muy poco cambió en el escrito de
subsanación, en el que se insiste en que «desde
hace veinte años la comunidad familiar integrada por Ligia de Jesús Mesa
Madrigal, Rafael Ángel Hoyos González y Silvia Elena, Diana Ligia, Mónica
Cecilia y Carlos Mario Hoyos Mesa, entraron a poseer el inmueble», la que quedó reducida el 13 de mayo de 2002, con el
fallecimiento de Rafael Ángel Hoyos González. Lo que se quiso atemperar con
que «la posesión ha sido compartida entre los
demandantes, orientada concertada y mancomunadamente sobre la totalidad del
predio, no en forma individual sobre partes determinadas del
mismo».
Es decir, se reconoce que la posesión
inició con Rafael Ángel Hoyos González en 1974 y detentó tal calidad hasta
su fallecimiento en 2002, sin embargo, nada se informa sobre qué pasó con su
cuota dentro de la comunidad con posterioridad a su fallecimiento. Tampoco
aducen la calidad de herederos o continuadores de la personalidad del causante,
como acertadamente resalta el ad quem.
Además se sugiere el ingreso gradual de los
demandantes a la «comunidad familiar», sin que se justifique a qué título se daba tal incorporación,
esto es, si desplazaban a sus progenitores o eran cesionarios de
estos.
Dichas aseveraciones no podían arrojar un
raciocinio jurídico diferente al que llego el juzgador, en el sentido de que
la atípica «comunidad de la familia Hoyos
Mesa», de la manera como aparecía esbozada, no
podía ser apreciada desde la perspectiva de que insinuaban los gestores, pues,
pasaron por alto que el iniciador de la posesión, en comunidad con su
cónyuge, falleció y se asumió tal hecho como si se diluyera su calidad en
beneficio de quienes apenas empezaron a poseer con posterioridad a
1986.
- Un reparo admite
la sentencia del fallador de segundo grado, en los términos como se sustenta
el tercer cargo, consistente en que, independientemente de las confusiones que
produjeran las narraciones de los promotores y el que durante la primera
instancia no se hubiera precisado que se actuaba para una comunidad, en
realidad así fue.
Cosa muy distinta es que estaba conformada
por la madre con sus cuatro hijos accionantes y su génesis no fue en 1974,
como se propuso, sino el 13 de mayo de 2002, cuando murió Rafael Ángel Hoyos
González.
Esto si se tiene en cuenta que, al reconocer
que el causante tuvo ánimo de señor y dueño sobre el inmueble hasta esa
fecha, sin manifestar los descendientes que actuaban como herederos del mismo,
sino a título personal, renunciaban para los fines del pleito a la posesión
que había ejercido su progenitor, para tomar en cuenta sólo la que nacía con
ellos luego de su desaparición.
Esto aunado a que si «la posesión ha sido compartida entre los demandantes,
orientada, concertada y mancomunadamente sobre la totalidad del predio, no en
forma individual sobre partes determinadas del mismo», como lo alegan, no podía considerarse una fecha previa a cuando
se consolidó en ellos, bajo el entendido de que admitieron la participación
de un tercero antes, la cual ocuparon en su propio beneficio y no como sus
continuadores.
Carece de sentido en ese orden, la posible
nulidad por emplazamiento y notificación errados, porque no se dejó en el
edicto o el acta respectiva la advertencia expresa de que accionaba una
comunidad, puesto que en tales actuaciones aparecen los nombres de todos los
que decían integrarla y fue contra ellos mismos que se dirigió la
reconvención.
Por tal razón, el que en el trámite se
refiriera a cada uno de ellos, no quiere decir que se les tome como
«personas naturales» o
individualmente referidas, sino que con ellos se anunciaban a todos y cada uno
de aquellos que afirmaban estar en comunidad, lo que, se reitera, no es
constitutivo de sociedad con personería diferente de quienes la
conforman.
- No obstante, la
anterior precisión, que se hace a manera de rectificación doctrinaria de lo
expresado por el sentenciador, tal debilidad no tiene trascendencia en la forma
como se desató el pleito en ninguna de sus instancias, ya que lo cierto es que
la comunidad conformada por Ligia de Jesús Mesa Madrigal, Silvia Elena, Diana
Ligia, Mónica Cecilia y Carlos Mario Hoyos Mesa, tomando en consideración el
momento en que empezaron a poseer para sí, con exclusión de Rafael Ángel
Hoyos, comenzó el 13 de mayo de 2002.
Así las cosas, como la demanda se presentó
el 19 de agosto de 2005, habiendo transcurrido apenas tres (3) años a esa
época, tiempo insuficiente para adquirir por prescripción extraordinaria, el
cual era de veinte (20) años antes de que se expidiera la Ley 791 de 2002,
cuando se redujo a la mitad, se hacía inane cualquier esfuerzo demostrativo en
contrario.
Además, las censuras nada atacan respecto
de las aspiraciones reivindicatorias que salieron avante y se hubieran afectado
de darse por sentados los requisitos de la pertenencia.
- En atención a
los planteamientos previos, pierde relevancia el último ataque propuesto por
la vía indirecta, direccionado a cuestionar el término de duración de la
posesión, por lo que, en consecuencia, no es necesario su estudio, porque como
tiene dicho la Sala «la
prosperidad de la acción de pertenencia exige plena prueba de sus
presupuestos, requisitos, elementos o condiciones estructurales, concurrentes e
imprescindibles» (SC de 2 de
diciembre de 2011, rad. 2005-00050-01).
- Ambos cargos,
entonces, no prosperan.
- No hay lugar a
costas en virtud de la rectificación doctrinaria.
- DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley, NO
CASA la sentencia de 3 de febrero de 2012, proferida
por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín,
dentro del proceso ordinario de Ligia de Jesús Mesa Madrigal, Silvia Elena,
Diana Ligia, Mónica Cecilia y Carlos Mario Hoyos Mesa contra Comercializadora
Movifoto Ltda.
Sin costas.
Notifíquese y devuélvase
JESÚS VALL DE RUTÉN
RUIZ
MARGARITA CABELLO
BLANCO
RUTH MARINA DÍAZ
RUEDA
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA
RESTREPO
FERNANDO GIRALDO
GUTIÉRREZ
ARIEL SALAZAR
RAMÍREZ
LUIS ARMANDO TOLOSA
VILLABONA